Interés General
Edición 488
Primer Encuentro Nacional de Barrios Irradiados
«Queremos una ley sanitaria nacional»
21 SEPTIEMBRE, 2012 | 488,
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Autoconvocados de todo el país y ONG ambientalistas diseñaron una propuesta legislativa para regular los campos electromagnéticos.
El pasado sábado 15 de septiembre desde las 13, se llevó a cabo el primer encuentro nacional de barrios irradiados, que reunió a vecinos autoconvocados de diversas localidades afectadas por la contaminación electromagnética.
Tuvo lugar en el auditorio municipal y contó con la asistencia de más de cien personas, entre organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y centros vecinales interesados en abordar la polémica instalación de plantas transformadoras de energía.
La apertura y bienvenida estuvo a cargo de Susana Bettini y Jorge Herrou, miembros de la agrupación local Vecinos por la Vida.
Luego se expuso un borrador del proyecto de ley y se debatió en comisiones de trabajo, cerrando con un plenario.
Desde el gobierno municipal Liliana Bina, directora de Planeamiento Físico Ambiental; la concejal oficialista Mirtha Alessio y la directora de Gestión Ambiental Marcela Fernández, se acercaron al lugar para compartir un momento de trabajo con las comisiones.
Raúl Montenegro, titular de FUNAM expresó a «El Bamba» que «este acontecimiento» fue «importantísimo para Carlos Paz porque es la primera vez que se reúnen los barrios irradiados de distintos lugares del país por los tendidos de líneas eléctricas y la instalación de plantas que generan riesgos para la salud».
Buscando consenso
Desde Jujuy, Berazategui (Buenos Aires) y otros sectores llegaron para expresar testimonios de sus luchas, ignoradas por los gobiernos y las empresas que producen irradiaciones.
Pablo, representante de la Asamblea de barrio Los Naranjos (Jujuy) señaló que «la idea central de la reunión fue unificar luchas y experiencias para lograr una ley sanitaria nacional» y elaborar una normativa que proteja la vida de las personas; en este sentido, advirtió que «nunca hubo voluntad política de nuestros gobernantes para escucharnos».
«CEGESA está matando a nuestros habitantes con los negocios de las subestaciones, construyendo pequeñas plantas en distintas zonas», señaló Pablo. «Ya cumplimos sesenta días de acampe al lado de los portones de esa empresa de energía jujeña y los habitantes estamos elaborando un proyecto de ordenanza municipal. No queremos que nuestras luchas sean fragmentarias».
En tanto Isabel Palacios, integrante de la asamblea de Vecinos Autoconvocados por la Vida de Berazategui recordó que «hace casi diez años que venimos pacíficamente resistiendo esta obra en el centro de la ciudad, una zona densamente poblada rodeada de 16 establecimientos educativos.
Lamentablemente el Estado no quiere escucharnos; agotamos todas las instancias institucionales, inclusive la judicial con cuatro recursos de amparo que duermen en los despachos de los jueces».
Precisó que «se trata de una obra sin ningún consenso social porque gremios, organizaciones sociales y políticas incluso oficialistas y hasta la Iglesia se manifestaron en contra.
Queremos poner este tema en la agenda oficial».
Finalmente, Isabel puntualizó su demanda: «Exigimos que las empresas cumplan con la prestación eficiente del servicio de luz sin comprometer la salud de la población y que hagan las inversiones necesarias».
Los cuatro grupos en los que se dividió el trabajo debatieron el contenido de un proyecto de ley nacional para proteger la salud de personas expuestas a los tendidos de líneas de media y alta tensión y estaciones transformadoras eléctricas, con el respaldo de la diputada Victoria Donda (Libres del Sur-Frente Amplio Progresista).
Estado indiferente
Respecto de las recientes declaraciones del intendente Esteban Avilés sobre el traslado definitivo o puesta en funcionamiento inmediata de la planta transformadora de Sol y Río, el titular de FUNAM opinó: «Es importante que se plantee un dilema de erradicación como posibilidad; personalmente creo que la planta debe ser trasladada.
EPEC tiene que entender que los tendidos deben hacerse con licencia ambiental y social».
Montenegro también apuntó sus críticas hacia el gobierno: «Creo que las Secretarías de Ambiente son organismos que funcionan aislados de la sociedad; estamos haciendo lo que uno espera que hagan los funcionarios públicos que cobran un sueldo pagado por los ciudadanos».
A su vez recordó el sentido central de la lucha: «Es importante que todos tengan presente que se puede tener energía eléctrica. No estamos en contra del tendido ni de las estaciones, sino que pedimos que se respete la ley y que no se afecte la salud. Queremos tener electricidad y una buena calidad del servicio».
Sin embargo, «cuando existen funcionarios de segunda, creo que la gente está desprotegida».
Juan Carlos Paesani, titular de FUNEAT (Fundación Educación Ambiente y Trabajo), reflexionó sobre la jornada: «Fue muy productiva porque el 11 de junio pasado nos propusimos hacer un proyecto de ley y continuamos trabajando en el mismo con sus fundamentos. Se van a hacer las correcciones que surgieron de los grupos de trabajo y serán difundidas a todos los integrantes de la red».
Por último, expresó su deseo inmediato de que el proyecto ingrese al Congreso de la Nación el próximo 18 de octubre, fecha en la que se cumplen dos años desde la instalación de las carpas de huelga de hambre en los jardines de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.
Lic. Javier Medina Gandía
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