Electromagnetismo
Malas energías, mucha participación
Pobladores de distintos rincones del país, afectados por la proximidad de estaciones transformadoras de energía eléctrica, se unieron para redactar una ley que regule las instalaciones emisoras de ondas con un criterio sanitario.
La presentarán en el Congreso.
Por Nayla Azzinnari
“Un día vimos máquinas desmontando un área protegida y denunciamos. Luego supimos que era EPEC. La obra se inició sin autorizaciones, sin evaluación de impacto ambiental y sanitario, sin audiencia pública. Toda nuestra lucha fue paralela a la construcción, ellos no pararon en ningún momento”, relata Susana Bettini, habitante del barrio de Villa Carlos Paz más próximo a la localidad San Antonio de Arredondo. En un predio de esta última jurisdicción, separado del polideportivo de Sol y Río –donde vive Susana- por la delgadez de un alambrado, se construye desde hace más de dos años una subestación eléctrica.
Desde entonces, distintas organizaciones locales se opusieron a la localización de la planta. En octubre de 2010, Susana y otra vecina se instalaron en una carpa en la plaza de la Municipalidad y comenzaron una huelga de hambre que mantuvieron durante 44 días. Decidieron terminarla cuando lograron que la jefa comunal de San Antonio, Patricia Cicerone (hoy intendenta) suspendiera la construcción y colocara fajas de clausura. “A las dos horas teníamos a la Infantería custodiando la obra y a los empleados de EPEC trabajando nuevamente”.
El Primer Encuentro Nacional de Barrios Irradiados ocurrió en septiembre, en Villa Carlos Paz. La ciudad de los tradicionales festejos primaverales y el teatro veraniego fue, esta vez, sitio de reunión de poblaciones movilizadas.
El riesgo que representan los campos electromagnéticos es uno de los elementos que sus historias tienen en común.
Qué criterio
Las líneas de transmisión eléctrica y las estaciones transformadoras de energía (de alta a media tensión, por ejemplo), generan campos eléctricos y magnéticos que las personas no percibimos, pero que pueden afectar el organismo humano debido a la intensidad de emisión en cercanías de la fuente.
Los campos electromagnéticos, productores de radiación no ionizante, son posibles cancerígenos para los humanos, sostiene la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) en base a la evidencia científica relacionada con leucemia infantil. Estudios de casos-control que asociaron campos y leucemia infantil, estimaron que los riesgos aumentan entre 1,7 y 2 veces en niños cuyas exposiciones son superiores a 0,3-0,4 uT (microteslas).
Tanto los tendidos y transformadores aéreos como subterráneos producen esta radiación potencialmente dañina. Sin embargo, en nuestro país no existen todavía normas que protejan la salud. Rige, en cambio, un valor ambiental que permite un tope, por lo que muchos informes técnicos realizados desde organismo públicos se basan en este criterio para afirmar que los valores actualmente empleados son legales y por tanto “inofensivos”.
Sin embargo, la norma no es un estándar sanitario. Por ello, la meta de la Red de Barrios Irradiados es adaptar la legislación a los límites considerados seguros para la salud.
Policía mucha y justicia lenta
“Hace ocho años que EDESUR empezó el zanjeo para hacer cableado subterráneo”, recuerda Claudia Mercuriali, vecina de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires. “Juan José Mussi, que por esos años era nuestro intendente, nos dijo que nos iba a acompañar hasta los fueros internacionales con este tema. Hoy es el Secretario de Ambiente de la Nación y dice que no puede hacer nada”.
Conformados en una asamblea nutrida e incansable, Berazategui resistió todos estos años la localización de la subestación Rigolleau, que actualmente estaría funcionando. “El 13 de febrero fuimos invadidos por las fuerzas policiales. A las dos de la mañana llegaron ocho autos sin placa con gente de civil. A la hora y media 400 efectivos de Gendarmería, armados con escudos, palos, botas y armas largas tomaron posesión del barrio, lo tapiaron con valla ciega de casi tres metros de altura. A la mañana siguiente para ir a trabajar nos pedían documentos, ‘a dónde vas, a qué hora volvés’.
Eso duró casi tres meses. Estuvieron 90 días haciendo tres turnos de 8 horas, cobrando adicionales para custodiar un pozo. Se quedaron hasta que terminaron la obra. Ahora no sabemos en qué condiciones está funcionando”.
Cuando eso sucedía presentaron un recurso de amparo para frenar la obra. “El juez no se expidió nunca. Mientras, la obra avanzaba y avanzaba.
Denunciamos en todos lados. Llegó el Defensor del Pueblo, se asombró mucho de todo lo que vio, pero de su asombro no pasó. La Fiscalía no nos quiso tomar las denuncias por abuso policial. Cobertura periodística tuvimos sólo de los medios alternativos. Vino la diputada Victoria Donda, recorrió todo el barrio y se puso a disposición.
Ella le pidió explicaciones al juez Armella sobre por qué no había respondido el amparo. El contestó que nunca había recibido nada. Después se declaró incompetente. Ahora estamos esperando a ver qué juez va a ser el competente”.
Red de barrios
El objetivo que persiguen es garantizar la protección de la salud cuando está expuesta a campos magnéticos.
Para ello piden la aplicación del principio de precaución (reconocido por el artículo 4º de la ley nacional de ambiente 25.675) que obliga al Estado a adoptar medidas que eviten o disminuyan el posible daño grave e irreparable provocado por una actividad o proyecto cuando hay incertidumbre científica y existen alternativas para reducir su impacto.
Ese día también se conformó la Red de Barrios Irradiados.
“Fue una idea que nos dio el Dr. Raúl Montenegro, que vino de Córdoba a explicar el problema de los campos electromagnéticos en la audiencia pública. En Barrios Irradiados estamos los que peleámos contra las estaciones transformadoras y los que pelean contra las antenas de telefonía celular. Cada uno requiere su legislación específica. Pero el tema es el mismo, el electromagnetismo. La problemática está en todos lados, pero la gente no lo sabe”.
En el barrio Los Naranjos, en San Salvador de Jujuy, “hace 61 días estamos acampando en la puerta de la empresa de elecricidad”, dice Pablo Puma. “Al principio había desconocimiento por parte de la comunidad, así que empezamos a organizarnos. Detectamos varias fallas e irregularidades en la subestación eléctrica que se estaba construyendo.
Vimos la complicidad del gobierno provincial y municipal porque la obra no estaba aprobada. Nosotros fuimos completando todas las instancias institucionales, presentando notas, pidiendo audiencias con funcionarios, con la empresa misma estuvimos en reunión. Al principio nos negaron acceso a la información, nos trataban de ignorantes que estábamos en contra del desarrollo y el progreso. Pero no cumplían con algo fundamental que es la audiencia pública”.
La obra está junto a un jardín de infantes, una escuela primaria, una escuela secundaria, las Facultades de Ciencias Agrarias e Ingeniería, el Ministerio de Salud y viviendas particulares. Pese a que “en Jujuy hay mucho espacio para localizar mejor este tipo de proyectos”. La reubicación de la planta fue sugerida por el Defensor del Pueblo y por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy.
“Hicimos escraches a ministros, a la empresa, al juez. La escuela pública Pucarita hizo afiches, cartas a la justicia, volantes para repartir.
Pusimos carteles.
Habíamos agotado todas las instancias así que decidimos un corte selectivo no permitiendo el paso de la constructora. La protesta siempre fue pacífica. No estamos en contra ni del ciudadano, ni del obrero. Presentamos dos recursos de amparo ambiental y uno edilicio porque la obra afectó cimientos de una vivienda particular. El juez que tenía que manifestarse en 48 horas, contestó a los 10 días paralizando la obra. Seguimos el acampe esperando que ordene su traslado”.
Lo que más importa
El documento lleva el nombre “Anteproyecto Nacional de Presupuestos Mínimos destinado a regular los campos electromagnéticos que generan los sistemas de transporte y transformación eléctrica” y fue redactado por Vanesa Salgado, Ernesto Salgado, Isabel Palacios (vecinos de Berazategui) y Julia Ferreira, asesora en temas ambientales de la diputada nacional Victoria Donda.
“Lo importante de esta ley es que la estamos redactando nosotros. Estamos estudiando, investigando, consultando. Pero nosotros decimos qué es lo que queremos que pase”, destaca Claudia Mercuriali. “Se armó una base general. Y hoy, cada uno desde su problemática y con su óptica, va a criticar, sumar, restar, terminar de darle forma.
Después se seguirá trabajando para que haya más diputados que acompañen”.
Principalmente, la letra del texto establece que las personas no puedan estar expuestas a campos magnéticos de 0,3 uT o mayores. Para ello proponen adecuar la intensidad de sus emisiones, pero también establecer una franja de protección mínima de 150 metros de distancia entre el límite exterior de las plantas y el frente de la primera vivienda colindante.
Anticipándose a los argumentos detractores, el texto explicita que no se pretende negar “la importancia de contar con la energía eléctrica suficiente para satisfacer las crecientes necesidades de la sociedad moderna, sino por el contrario, busca que la misma no afecte la salud de la población y particularmente los segmentos etarios más afectados, como son los niños, los ancianos y las mujeres embarazadas”.
El pedido es factible. En Suiza, a partir de 1999, el límite máximo de las instalaciones es de 1 uT. En Queensland, Australia, un fallo judicial estableció que a partir de 2002 el valor de radiación no podía superar 0,4 uT. Para tres regiones de Italia –Véneto, Emilia y Toscana, las nuevas instalaciones a partir del año 2000 tienen como valor máximo permitido 0,2 uT.
Entretanto, los vecinos de Sol y Río presentaron al intendente Esteban Avilés un proyecto de ordenanza municipal elaborado por la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) que también establece el límite de 0,3 uT.
“Es posible cuidar la salud de la población, sólo es necesario un marco normativo moderno, la voluntad política de llevarlo adelante y una mayor responsabilidad empresarial”, afirma el texto que próximamente ingresará formalmente al Congreso.
“Lo presentará la Diputada Victoria Donda (FAP–Libres del sur) junto con diputados que nos han acompañado firmando declaraciones y pronunciamientos. Prevemos que esté presentado para primeros días de octubre para que inicie su tratamiento en comisiones”, anticipa Vanesa Salgado.
“Lo bueno del proceso es que los diputados están involucrándose en un tema propuesto por los vecinos organizados de diferentes lugares del país. El pueblo sabe de qué se trata y lo que busca es que sus representantes actúen en defensa del derecho a la vida por sobre cualquier otro interés”.
